México, país de riesgo para el trabajo Pastoral a favor de las personas migrantes
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. (Lc. 6. 20-23)
En el marco de la visita del Relator sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presenta el “Informe sobre la Situación de los y las Defensores de las Personas Migrantes en México”, en el que se sintetiza los incidentes de seguridad, amenazas, hostigamientos y violaciones de derechos humanos que han sufrido los y las defensores de derechos humanos en territorio mexicano.
La reunión se llevó a cabo el 22 de julio de 2011 en la nueva sede del Senado de la República con el Senador Rubén Camarillo, y estuvieron presentes Monseñor Rafael Romo Muñoz, Responsable de la Dimensión de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano; el Presbítero Alejandro Solalinde Guerra, Director del Albergue Hermanos en el Camino en Oaxaca; Alberto Xicontecatl, Director de Belén Posada del Migrante en Coahuila; Alberto Herrera, Director de Amnistía Internacional sección México Brigadas Internacionales de Paz y el Licenciado Hugo Badillo, colaborador del Senador Carlos Jiménez.
“La violencia generalizada en México, no sólo ha dejado en la vulnerabilidad a los/as mexicanos/as sino también a las personas migrantes, que en su búsqueda de condiciones mejores para sobrevivir, han sido víctimas de la violencia y del exterminio. Esta misma suerte, la han corrido los Agentes de la Pastoral de Migrantes en su calidad de Defensores de Derechos Humanos por proteger, hospedar, alimentar, acoger y acompañar, a estos hermanos/as nuestros.
La falta de una atención oportuna a la violencia e inseguridad, ha generado que se elevara el número de ataques de 18 incidentes de riesgo en cinco años (2004 -2009) a 46 en año y medio (29 en 2010 y 17 en 2011[1]), siendo el principal agente persecutor y/o agresor: el mismo Estado a través de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno que intentan intimidarnos para que no sigamos denunciando los abusos y las violaciones de derechos humanos que cometen en contra de las personas migrantes.
En este plazo, han asesinado a dos defensores de migrantes, nos han amenazado, golpeado, hostigado, acusado penalmente por nuestra labor de denuncia, un defensor se exilió, una Casa del Migrante y un centro de derechos humanos tuvieron que cerrar por falta de seguridad. Ante este contexto, han sido otorgadas un total de 16 medidas cautelares, de éstas 13 dictaminadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se han emitido diversas alertas urgentes por parte de Amnistía Internacional y la Federación Internacional de los Derechos Humanos; además la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana es acompañada por las Brigadas Internacionales de Paz.
Por tal motivo, considerando que los/as Agentes de la Pastoral en nuestra calidad de defensores/as de derechos humanos de las personas migrantes continuaremos denunciando los abusos cometidos en contra de esta población vulnerable, exigimos a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales que:
Desarrollen campañas de prevención del delito de secuestro de las personas migrantes, mexicanas y extranjeras, incluyendo los lugares de origen, de tránsito y de destino. Asimismo, se analice seriamente la necesidad de suprimir el requisito de visado a las personas transmigrantes. Se promueva la investigación del delito de secuestro de las personas migrantes, mexicanas y extranjeras, analizando seriamente la creación de una fiscalía que atiendan los delitos que se cometen en contra de las personas migrantes y desarrolle una estrategia de reparación del daño a las víctimas.
Reconozcan públicamente la labor que realizan los/as Agentes de la Pastoral de Migrantes en su calidad de defensoras de derechos humanos a través de las Casas y Albergues de Migrantes; Centros de Derechos Humanos; y personas de buena voluntad que de forma pública, gratuita y humanitaria ayudan a las miles de personas migrantes.
Implementen en tiempo y forma las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es especial en Saltillo, Coahuila.
Asimismo, les pedimos que acuerden, con la participación de la sociedad civil, el procedimiento del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos anunciado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia Estatales dejen de mantener la impunidad en las agresiones y violaciones cometidas en contra de los y las defensoras de derechos humanos de las personas migrantes, entre los cuales se encuentran los siguientes:
Allanamiento cometido por funcionarios de la Policía Federal al albergue San Juan Diego, en Lechería, Estado de México, le pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que colabore con la PGR para identificar a las decenas de policías que se intentaron llevarse a migrantes a bordo de vehículos particulares y que aparecen en el video expuesto.
En el caso de la denuncia A.C.PGR/TAB/TEN/330/D/2010 en contra de Fr. Tomás González Castillo interpuesta por el Instituto Nacional de Migración por el delito de obstrucción a la autoridad (por haber documentado y denunciado violaciones cometidas por esa dependencia); le pedimos a la Procuraduría General de la República que determine el no ejercicio de la acción penal.
En cumplimiento de la Recomendación 23 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le pedimos a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública que determinen la responsabilidad penal y administrativa en la que incurrieron la ministerio público y los funcionarios migratorios Sandra Mirelly Sánchez López, Angeles Arian Ruiz Villareal, Rigoberto Ramírez García, Obed Jiménez Chable y Omar Heredia Mariche (actual Secretario Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez) al modificar las declaraciones de unos menores para acusar a su madre de traficante de menores en el Estado de Oaxaca.
En el caso de Saltillo, Coahuila, ante la impunidad existente por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila por la falta de resultados en las investigaciones de las denuncias, le reiteramos la petición a la Procuraduría General de la República que pueda atraer la investigación”.
+Mons. Rafael Romo Muñoz
Arzobispo de Tijuana
Presidente de la Dimensión de Movilidad Humana
