Se publica nueva Carta Apostólica del Papa Francisco para toda la Iglesia, como resultado del encuentro sobre la protección de los menores

Pastoral para la Comunicación.-Este 09 de mayo del presente  tuvo lugar en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la presentación del Motu proprio del Papa Francisco “Vos estis lux mundi” que establece nuevos procedimientos para denunciar el acoso y la violencia, y asegurar que los obispos y los superiores religiosos sean responsables de sus acciones.

El documento es resultado del encuentro sobre la protección de los menores celebrado en el Vaticano en febrero de 2019. En él se establecen nuevas normas de procedimiento para combatir los abusos sexuales y asegurar que los obispos y los superiores religiosos den cuenta de su trabajo. Es una normativa universal, que se aplica a toda la Iglesia Católica.

Entre las novedades previstas se encuentra la obligación para todas las diócesis del mundo de contar, para junio de 2020, con “uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar informes” sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos, el uso de pornografía infantil y el encubrimiento de los mismos abusos. Lo que se quiere es que las personas que han sufrido abusos puedan recurrir a la Iglesia local con la seguridad de que serán bien recibidas, que estarán protegidas de las represalias y que sus informes serán tratados con la máxima seriedad.

Otros elementos se refiere a la obligación de todos los clérigos, religiosos y religiosas, de “informar con prontitud” a la autoridad eclesiástica de todas las denuncias de abusos de las que tengan conocimiento, así como de las omisiones y encubrimiento en la gestión de los casos de abusos. Si hasta ahora esta obligación se refería, en cierto sentido, sólo a la conciencia individual, a partir de ahora se convierte en un precepto legal universalmente establecido. Uno de los aspectos de relevancia es la identificación, como categoría específica, de la denominada conducta de encubrimiento, consistente en “acciones u omisiones destinadas a interferir o evadir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o religioso en relación con los delitos” de abuso sexual. Se trata de aquellos que, investidos de posiciones de particular responsabilidad en la Iglesia, en lugar de perseguir los abusos cometidos por otros, los han ocultado, protegiendo al presunto infractor en lugar de proteger a las víctimas.

Acentúa la obligación de informar al ordinario del lugar o al superior religioso no interfiere ni modifica ninguna otra obligación de informar que pueda existir en las leyes de los respectivos países: las normas, en efecto, “se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cualquier lugar por las leyes del Estado, en particular las relativas a las obligaciones de información a las autoridades civiles competentes”.

Se resaltan los párrafos dedicados a la protección de quienes se presentan para informar. Aquellos que denuncian abusos, según las disposiciones del Motu proprio, no pueden ser objeto de “prejuicios, represalias o discriminación” a causa de lo que han informado. Subraya atender el problema de las víctimas que en el pasado han sido reducidas al silencio. Reconociendo el secreto confesional que sigue siendo absoluto e inviolable y, por lo tanto, no se ve afectado en modo alguno por esta normativa.

Por otra parte, el Motu Proprio regula las investigaciones de los obispos, cardenales, superiores religiosos y de todos aquellos que tienen, en diversos cargos, aunque sólo sea temporalmente, la dirección de una diócesis o de otra Iglesia particular. La novedad en cuanto a la participación del arzobispo metropolitano en la investigación previa es significativa, ya que recibe un mandato de la Santa Sede para investigar si la persona denunciada es un obispo. Su papel, tradicional en la Iglesia, se ve reforzado y atestigua el deseo de aprovechar los recursos locales también para las cuestiones relativas a la investigación de los obispos.

La necesidad de laicos y profesionales especializados y capacitados representan un recurso importante para la Iglesia. Las normas prevén ahora que las conferencias episcopales y las diócesis puedan preparar listas de personas cualificadas dispuestas a colaborar, pero la responsabilidad última de las investigaciones recae en el Metropolitano.

Con este nuevo instrumento jurídico querido por Francisco, la Iglesia Católica da un paso nuevo e incisivo en la prevención y lucha contra los abusos que pone el énfasis en acciones concretas. Como escribe el Papa al principio del documento: “Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, es necesaria una conversión continua y profunda de los corazones, atestiguada por acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia”.

 

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